Las reformas constitucionales no son inocuas. Se orientan a determinadas finalidades, declaradas o no.

Las de sentido programático, ceñidas a principios doctrinales, son escasas. Abundan, por el contrario, las que atienden circunstancias políticas y, a veces, las que se limitan a algunos enunciados.

En una reflexión anterior examiné la escasa viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, ello más allá de declaraciones contundentes de algunos actores oficialistas.

Si no existe campo para un examen constitucional de fondo, lo que queda en el cajón son los procedimientos legislativos especiales -contenidos en el Artº 331 de la Carta Fundamental- o el de la iniciativa popular, con un texto articulado acompañado de las firmas de un 10% de los ciudadanos inscriptos en los registros de la Corte Electoral.

Como se advierte, el escenario privilegiado para estructurar enmiendas es el Parlamento.

Dicho esto, volvamos al inicio. Los retoques constitucionales no son anodinos. Buscan determinados efectos. Que no siempre se dan.

Si los ciudadanos comunes quedamos abatidos por campañas electorales, como las habidas en las cuatro últimas contiendas cívicas (que se inician con las disputas internas de cada partido; se encaminan a la primera vuelta presidencial y elección de miembros del Poder Legislativo; desembocan -salvo en los comicios de 2004, en que resultara electo Vázquez- a una segunda vuelta o “ballotage” y, concluyen -varios meses después- con la votación para intendentes, juntas y alcaldes), es de una lógica irrecusable que el procedimiento no se compadece con la dimensión de un Estado poco poblado y territorio reducido.

También, resulta aceptable que los protagonistas -que surcan raudos las carreteras y caminos tras la adhesión popular- concluyan sin muchas ganas de “festejar”, según lo preconizado por el presidente recientemente electo. Ni de ensayar “banderitas” en las columnas callejeras, tal cual las practicara el benjamín blanco Lacalle Pou. Menos aún, Don Pedro quien, pese a su promesa, careció de vigor para hacer detritus a uno de sus oponentes…

Las transacciones interpartidarias que llevaron a las reformas plasmadas en 1996 tenían objetivos visibles y otros no tanto. Entre los primeros, candidato único por lema, eliminación de las cooperativas para diputados, elecciones municipales independientes de las nacionales. El “ballotage” se orientaba a tener un “presidente fuerte y con respaldo”, contrapesando al parlamento y, por abajo, cerrarle el paso a Tabaré Vázquez, por la conmixtión de los Partidos Colorado y Nacional en una segunda vuelta.

El 5 de febrero de 1996 Seregni arroja su renuncia. Vázquez se posesiona del Frente Amplio. En 2004 salta en forma libre la valla del “ballotage”. En 2014 sacude la red y ultima la pretensión asociada de Lacalle Pou y coloradistas con la proporción final de un 53,6% contra un 41,1%.

La pieza maestra, concebida por el Dr. Julio María Sanguinetti, desangró al Partido Colorado, más y más. ¡Quedó hecho… polvo! El invento acabó con su inspirador. Para peor, el Partido de la Concertación se desarmó solito.

Si el objetivo soterrado de la última reforma constitucional electoral falló, ha sido -al menos- por dos factores: 1) Por un error de cálculo. 2) Porque el adversario también juega.

Como en toda partida de naipes, los actores empiezan “orejeando” las cartas. Y en eso están.

Es sensato aprender de los errores más notorios. Así, es posible evitar la segunda vuelta presidencial bajo determinados supuestos numéricos. También reducir el tiempo entre la definición nacional y la municipal o plantear todo en un mismo acto, con mayor libertad electoral.

Seguiremos observando y comentando desde el ruedo.-

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